La vejación sexual fue un arma de tortura frecuente en el conflicto armado de los 80 y 90 en Perú. De los miles de casos registrados oficialmente, sólo dos tienen una causa penal abierta. Los jueces suelen tratar las violaciones como algo ajeno a las torturas o crímenes de guerra.

Las investigaciones sobre violaciones sexuales a mujeres en el coflicto armado vivido en Perú desde los años 80 hasta el principio de este siglo siguen prácticamente congeladas, pese a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó las respectivas denuncias en 2004. Aún no hay una sola sentencia contra militares, mientras se conocen más víctimas.

Uno de los casos en manos de la justicia es el de las ocho mujeres del pueblo de Llusita, en el sureño departamento de Ayacucho, que, con sus hijos en brazos, fueron detenidas y luego torturadas junto a decenas de vecinos del lugar el 24 de abril de 1983. Las mujeres, tras ser trasladas a la base militar de Cangallo, fueron violadas al día siguiente de su detención. Muchos pobladores inocentes murieron en esa acción represiva.

“Nos empezaron a pegar como si fuéramos su esposa, nos pateaban en toda la cintura. Yo cargaba a mi bebé en la espalda, no podía hacer nada, ni defenderme ni gritar, nos golpeaban como a un costal”, cuenta una de las sobrevivientes que por seguridad pidió mantener su nombre en secreto.

“Cuando le dije (al militar) que tenía ganas de orinar, me sacó con mi hija y me llevó hacia un cuarto. Entonces allí empezaron a violarme a la fuerza tres soldados. No he podido resistir a esa violación y por eso me agarraban de los pies. En eso mi hijita se me agarró llorando, cuando lloraba mi wawita (bebita) le hacía chupar su testículo”, contó la víctima en una denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ante la fiscalía de Ayacucho en 2005.

La investigación de esta denuncia sigue entrampada al igual que una veintena de procesos en fiscalías y juzgados de Ayacucho y de los vecinos departamentos de Huancavelica, Apurímac, Cusco, Junín, Pasco y Lima, informaron a IPS abogados de las organizaciones de derechos humanos.

En el marco del conflicto armado interno de 1980 a 2000, las violaciones sexuales fueron frecuentes como método de tortura, castigo o represalia en 15 de los 24 departamentos en que se divide el país. El informe de la CVR, creada por el entonces gobierno de transición en Perú (2000-2001, revela que los principales responsables de estos delitos son agentes estatales, en particular del ejército.

Los informes de organizaciones humanitarias indican que en ese lapso también se practicaron de manera sistemática ejecuciones extrajudiciales, torturas y masivas desapariciones forzadas de personas, especialmente en zonas rurales que se encontraban bajo el control militar y bajo la declaración de estado de emergencia.

La CVR registró 538 víctimas de violaciones sexuales en los años del conflicto. Sólo el 3% de los casos forman parte de las investigaciones que siguen trancadas en vericuetos judiciales, mientras que sólo dos causas lograron avanzar en tribunales penales. Se trata de de la violación sexual a mujeres en las bases militares de Manta y Vilca en la región de Huancavelica. Pero hasta hoy no existe ninguna sentencia.

Pero el registro inicial de víctimas que hizo la CVR ya ha sido desbordado por nuevas denuncias. El Consejo Nacional de Reparaciones ha registrado 1.150 mujeres violadas sexualmente durante la lucha contrainsurgente y tiene otras 697 solicitudes de víctimas.

Para la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, las autoridades se han quedado estancadas en “la identificación de los perpetradores sin utilizar para la imputación la forma en que se utilizó la violación” y la manera en que se trataba de ocultar a los responsables.

Recordó que las mujeres fueron violadas en centros clandestinos de reclusión o cuando las patrullas militares se desplazaban por los poblados y en muchas circunstancias utilizaban seudónimos y pasamontañas. Por eso “la identificación pretendida por las fiscalías se hace casi imposible”, explicó Cano a IPS.

Los abogados defensores de derechos humanos consideran que los fiscales y jueces, en la mayoría de los casos, no cuentan con una estrategia clara para demostrar un crimen de esta naturaleza. Esas críticas hacia la justicia se hacen evidentes en investigaciones como el caso de Llusita. La fiscalía de Ayacucho separó las acusaciones por violaciones sexuales contra las mujeres de los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de las que fueron víctimas de manera simultánea otros pobladores de la zona.

“En Llusita, todos los hechos ocurrieron de manera sistemática. La acusación por separado no tiene sentido y resta posibilidades para condenar a los que dieron la orden para el operativo militar y a los que comandaron las patrullas”, señaló el abogado Gustavo Campos, de Comisedh.

Esta organización, que lleva la defensa de las víctimas de Llusita, presentó denuncia contra el entonces jefe de la base militar de Cangallo, Arnulfo Arévalo Torres, y el capitán del ejército Edgar Acevedo López, jefe de la base militar de Huancapi, entre otros. Campos aseguró que las autoridades han tomado parcialmente las declaraciones de las víctimas.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL, dependiente de la fiscalía), se sumó a estas críticas al decir a IPS que es un grave error “esclarecer los hechos a partir de elementos tradicionales de investigación de casos comunes de violación sexual, tales como exámenes médicos legales de las víctimas de reciente data o la autoincriminación de los investigados”.

En Ayacucho, donde se concentra más de 50 por ciento de los casos, figura el de Georgina Gamboa, quien fue violada en 1981, cuando tenía 16 años, por agentes de policía. Su caso, archivado inicialmente, fue reactivado en 2004 luego de reiterarse la denuncia y ha seguido una investigación similar al de cualquier caso de violación sexual.

Como consta en el expediente, entre las pruebas que le pidieron a Georgina en febrero de 2006 para reanudar las actuaciones judiciales aparecen un examen físico y psicológico así como una evaluación ginecológica.

Aunque las autoridades saben que tales pericias ya no servirán de nada debido a que los hechos ocurrieron hace más de 20 años, lo hacen por una formalidad “a pesar que con ello se vuelve a victimizar a las mujeres”, cuestionó Cano.

Para salir de este cuello de botella en la justicia, los abogados de las organizaciones humanitarias proponen que las autoridades tomen como cierta la versión de la víctima para que luego sea corroborada con otros indicios o pruebas, como establecieron los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También proponen una intervención a través de equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, médicos, abogados, antropólogos, historiadores y otros que además manejen la lengua nativa de las víctimas.