El Gobierno quiere asegurarse de que los imputados en un proceso penal por violencia de género pierden la custodia de los hijos. La lucha contra la violencia de género, con reformas en tres vertientes -la guarda de los hijos, el patrimonio de las víctimas y el protocolo de los médicos de atención primaria- acaparará el Consejo de Ministros de hoy. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, planteará al Consejo la reforma del artículo 92 del Código Civil para que los jueces puedan determinar que los hombres involucrados en un proceso judicial -imputados, no solo denunciados- por un delito grave de violencia de género no puedan conservar la guarda individual de sus hijos, que se garantizará a la víctima.
Una medida que ha desatado la polémica y las críticas de varias asociaciones de jueces que la consideran innecesaria. Los artículos 48 y 57 del Código Penal ya recogen como pena accesoria por delitos de violencia machista la posibilidad de retirar al maltratador la guardia y custodia de los hijos. Sin embargo, esa opción tiene ciertas lagunas que han permitido a los jueces otorgar la custodia de los hijos a padres condenados por violencia de género tras un divorcio o una muerte. Son pocos casos, pero existen.
Lo que pretende la reforma del artículo 92, tal y como recoge el texto que estudiará el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso este periódico, es precisar que en un asunto de divorcio, cuando hay abierto un proceso penal contra el padre como supuesto maltratador, no se le pueda dar la custodia individual -la ley ya impedía que pudiera tenerla compartida-. La nueva norma se aplicará a los "incursos en un proceso penal" por delitos de género, es decir, no basta la denuncia sino que debe ser admitida a trámite por un juez, que tendrá la última palabra, subraya el Gobierno.
La reforma busca con ello que ninguna mujer tema iniciar un proceso de divorcio. De hecho, explica Consuelo Abril, abogada de familia y vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Igualdad (Compi), este miedo actúa como "elemento disuasorio" para muchas mujeres que no entablan una demanda de separación por el riesgo a perder a los menores a su cargo. Solo hay que observar los datos: apenas un 13% de las mujeres maltratadas inician un proceso de divorcio, además de uno por delitos de maltrato.
La norma tiene, además, otro ángulo. Los maltratadores no podrán quedarse la custodia de los hijos tampoco en caso de fallecimiento de la pareja, según precisó ayer una portavoz del ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. "Se trata de proteger al menor en todos los casos", explica esta portavoz.
Se calcula que alrededor de 800.000 menores han sufrido de manera directa o indirecta por la violencia machista. Este año, además, es particularmente sangrante, 13 menores han muerto asesinados junto a sus madres por sus padres. Sin embargo, en cinco años de aplicación de la ley integral contra la violencia machista solo se ha retirado la guarda y custodia a padres condenados por malos tratos en 11.000 ocasiones. Y más allá, solo en 544 casos perdieron la patria potestad. Esto entre 145.000 condenados por violencia sexista.
"Los jueces no suelen aplicar estas medidas porque las considera demasiado tajantes. La reforma permitirá unificar sus decisiones y que la custodia de los hijos no sea discutible. Un maltratador no puede ser un buen padre. Esa es la esencia", esgrime Consuelo Abril. La reforma evitará casos como el que esta jurista ha recurrido ante los tribunales, el de un juez que otorgó la custodia única de los hijos a un hombre condenado por malos tratos a su pareja porque esta tenía peor horario laboral para cuidar a los menores.
Pero la de la custodia no es la única medida: Pajín también llevará la lucha contra la violencia de género al terreno patrimonial. Para ello pretende la reforma de los artículos 756 y 855 del Código Civil con el objetivo de evitar que un hombre condenado por maltrato se quede con el patrimonio de su pareja en caso de fallecimiento de esta. La reforma establecerá que sean desheredados quienes hayan sido condenados no solo por el asesinato de su pareja, sino también delitos contra la integridad física y moral, la libertad de su cónyuge o pareja y la de los hijos que convivan con ambos cuando dichos delitos conlleven pena grave.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad llevará al Consejo de Ministros de hoy también una medida para asegurar que las víctimas de la violencia de género compatibilicen las ayudas económicas por este concepto con la pensión contributiva. Actualmente, si su renta anual excede los 4.755,80 euros como consecuencia de la ayuda como víctima pierde el derecho a percibir la pensión no contributiva.
Pero la reforma que propondrá el Gobierno quiere incidir también en la prevención. Por eso se propondrá el desarrollo de protocolos de actuación y formación sobre violencia de género para los servicios sanitarios. Los centros de atención primaria suelen ser los primeros en localizar síntomas de agresiones machistas. Sanidad, Política Social e Igualdad pretende desarrollar una fórmula de colaboración con los colectivos sanitarios para que se involucren en denunciar las situaciones que detecten. Ahora mismo solo un 19% de los centros de salud dispone de un protocolo específico de actuación en casos de violencia de género, según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
FUENTE: EL PAÍS

                                         Dibujo de Luis F. Sanz- LUIS F. SANZ
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara. Después, cogió un cuchillo y lo clavó en el colchón, en la pared y en el armario. Mientras, gritaba: "Eres una blanca de mierda, yo soy un negro y no tengo miedo a la policía. Te mataré". Fue condenado a 16 meses de cárcel por lesiones y amenazas en noviembre de 2007. Y los jueces dictaminaron que no podría acercarse a Eva en un año y nueve meses.
Pero se acercó. Porque ella quiso. Casi de inmediato, después de la condena, la pareja reanudó la convivencia. Meses después, los vecinos oyeron gritos en la casa, en un pueblo de Tarragona, y llamaron a los Mossos d'Esquadra. Descubrieron que la orden de alejamiento no se cumplía y a él lo condenaron por quebrantar la condena. Magatte apeló.

Eva pide a la justicia que le deje vivir con su agresor. No entiende que el Estado se meta en su vida. Dice que es una "víctima" de la normativa penal. Las leyes obligan a que en todas las sentencias por maltrato se imponga una pena de alejamiento. Varios jueces han presentado cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal (el 57.2) y la Audiencia de Tarragona ha llevado el caso de Eva y Magatte al Tribunal de la UE. Los magistrados tarraconenses creen que la ley es contraria al derecho comunitario en su principio "al respeto de su vida privada y familiar".

No es una cuestión fácil de resolver. ¿Se debe proteger a las víctimas contra su voluntad? Por un lado está el derecho de cualquiera a hacer con su vida lo que le venga en gana, incluso si eso conlleva ponerse en riesgo. Pero, por otro, ¿qué ocurre si la mujer muere o es gravemente agredida? ¿Quién es el responsable? ¿Ella? ¿El Estado por no haberla protegido? ¿Deben tener los jueces capacidad para decidir lo más conveniente o se les debe obligar a que impongan el alejamiento en todas y cada una de las sentencias?

El Código Penal se reformó en 2003 para establecer el alejamiento obligatorio para la violencia machista y doméstica, cuando gobernaba el PP -dos años antes de que se aprobara la Ley de Violencia de Género-. Antes de esa fecha, eran los jueces los que tenían la última palabra. El Gobierno baraja la posibilidad de modificar la ley para que los jueces puedan volver a decidir, pero no hay ninguna decisión tomada. En el Ministerio de Igualdad estudian la cuestión. Pero tardan en decidir. Ya en febrero de 2006 el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que el Ejecutivo estaba "dispuesto a contemplar" que el alejamiento fuera una pena "flexible".

Juzgados y Audiencias Provinciales han presentado, desde 2005, una veintena de cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay consenso dentro de la judicatura sobre la conveniencia de la reforma. Los magistrados entienden que hay casos de maltrato leve y puntual, sin riesgo de reincidencia, en los que no tiene sentido impedir a la mujer volver con su pareja si ese es su deseo. En este sentido, se pronunció el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006. Añadieron que si la ley no se modifica y tienen que imponer el alejamiento en todos los casos, al menos se les debería permitir poder dejar en suspenso la medida.

Por otro lado, los jueces dicen que las razones que llevaron a que se impusiera esa norma ya no existen. "Las órdenes de alejamiento se introdujeron en la legislación en 1999", explica la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán. "Se establecieron como pena obligatoria para los casos de violencia de género y doméstica en 2003 porque, al ser una pena tan reciente, los jueces no estaban acostumbrados a imponerla y la usaban poco. Pero ya ha cambiado la cultura de los jueces. El alejamiento está normalizado y no existe ese riesgo".

Algunas asociaciones de mujeres no están de acuerdo. "Los jueces son todavía precavidos a la hora de dictar medidas de alejamiento", señala Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Poner esta decisión de nuevo en sus manos sería un retroceso. Los procedimientos penales son muy rápidos y el juez apenas tiene tiempo para ver cada caso. Por otro lado, la mujer maltratada no tiene capacidad para saber si está en riesgo. Lo que dice puede tenerse en consideración, pero ella está dentro del ciclo de la violencia y percibe el peligro que corre. En el caso de Eva, no creo que se pueda confiar en alguien que te ha pegado puñetazos y te ha amenazado de muerte".

Este último argumento lleva a la cuestión más peliaguda. Si se reformara la ley y se dejara la decisión en manos del juez, ¿debe protegerse a una mujer en contra de su deseo si se percibe que está en riesgo? La Audiencia Provincial de Valladolid, uno de los tribunales que ha acudido al Constitucional, consideró que cuando el alejamiento se impone contra la voluntad de la víctima "se atenta contra su dignidad y contra su derecho a decidir libremente con quién quiere compartir su vida".

El magistrado Ramón Sáez, que también ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo, pregunta al alto tribunal si los poderes públicos tienen el derecho de separar a cónyuges y convivientes. Dice que, con esta medida, "la mujer pasa de estar sometida al maltratador a estarlo al Estado" y que "imponerle una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma". "Al no distinguir los supuestos de riesgo de otros en los que no hay un pronóstico de peligrosidad, se impone a la mujer una solución única y se le confisca la posibilidad de optar. Además, identifica su comportamiento como un fenómeno patológico, al presentar su decisión de mantener la convivencia con su pareja como algo extraño y morboso".

En uno de los casos que juzgó Sáez, un chico le había tirado una grapadora a su novia y le había provocado un hematoma. Ella le denunció pero continuaron viviendo juntos. La Fiscalía, que apoyó la cuestión de constitucionalidad, criticó el alejamiento obligatorio porque eliminaba "para los supuestos puntuales, ocasionales y de escasa gravedad, cualquier posibilidad de reconciliación o reparación extrajudicial".

Los jueces piden que les dejen usar su sentido común. "En los casos graves, el Estado estaría haciendo dejación de funciones si no dicta una orden de alejamiento aunque la mujer no lo desee", señala la magistrada Montalbán. "Pero en estos otros casos leves, debería dejarse al juez que decida, apoyado por informes técnicos que determinen que la voluntad de la mujer no está viciada y que no hay riesgo de reiteración delictiva". "El alejamiento obligatorio es ineficaz", señala Ramón Sáez. "Las parejas vuelven a vivir juntas diga lo que diga el Estado. Una pena de estas características está abocada al fracaso".
Fuente: "El País" Ed/Empresa

Disculpen si en las siguientes líneas me notan un tanto serotoninérgica, terca e inoportuna. Vaya por delante que no es cosa mía. La culpa la tiene la Naturaleza. Bueno, la Naturaleza y el doctor Juan Coullaut-Valera Jáuregui, quien, el pasado 22 de junio, fue convocado en las Cortes a petición del Partido Popular para participar en la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas. En principio, su misión era pronunciar una ponencia titulada «Tratamiento y atención en drogodependencia». Sin embargo, tras escuchar la intervención del ponente que le precedía y que relacionó la violencia machista con el consumo de drogas y alcohol, Coullaut-Valera decidió salirse del texto y, ya de paso, del tiesto, y entrar en una retorcida argumentación sobre la violencia de género.
Según este psiquiatra, y como consta en los extractos de la transcripción oficial de su comparecencia a puerta cerrada que este fin de semana hizo públicos el diario «El País», la violencia del macho (que no machista) «es terrible porque es violencia de agresividad y es física, pero la violencia de la mujer es relacional, es de relación con el otro». Un trastorno, según el doctor, que se ve agravado con la menstruación, etapa en que las mujeres desarrollan una violencia equiparable a la de género. En palabras de este «profesional» de la psiquiatría: «Cuando la mujer tiene el período, se produce una desregulación anómala [?] la mujer se pone serotoninérgica; en ese momento se producen trastornos gravísimos de la terquedad, de la inoportunidad».
Y, la verdad, me extraña que Coullaut-Valera no incluyera en su argumentación que mientras se tiene el período no es conveniente ir a la piscina porque éste se te quita, ni hacer mayonesa porque ésta se te corta. Me extrañó que no incluyera datos como éstos y que además, dado que parece ser un experto en la materia, no utilizara el lenguaje en clave que las mujeres se ven obligadas a adoptar en público. Así, bien podría haber matizado su discurso diciendo que es «la tía de visita» o «esos días del mes» lo que causa el agravamiento de la «violencia relacional». Y, bueno, ya que estaba, pues podía haber concluido su ponencia con algo de esperanza diciendo que al menos, y como rezan los anuncios publicitarios, gracias al avance de los artículos de higiene femenina las mujeres ya pueden ponerse minúsculos shorts blancos sin que nadie advierta su estado.
Y es que si las falsas creencias populares colaboran en la fijación de estereotipos que fomentan la desigualdad imputando a la mujer una «supuesta» debilidad que hay que ocultar, las afirmaciones de Coullaut-Valera van un paso más allá. Atribuir a la mujer una «violencia relacional» equiparable a la violencia «del macho» es afirmar que no existe desigualdad entre géneros, que esos asesinatos nada tienen que ver con una concepción de la mujer como ser inferior al varón. En otras palabras, que las mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja no son víctimas de la violencia machista, sino de una violencia física supuestamente inherente al género masculino. Y eso, a sólo 48 horas de que haya sido asesinada la mujer número 28 en lo que va de año, no es que sea una irresponsabilidad, es que no se puede tolerar; pero, sobre todo, es que no nos lo podemos permitir.
Fuente:http://blogs.lne.es/aliciaalvarez/2009/07/17/violencia-relacional/
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