Marta Fernández Morales: Los malos tratos a escena



El título que Marta ha elegido para su último trabajo, Los malos tratos a escena, es muy sugerente. Durante muchos años, demasiados para nosotras mujeres, la violencia que durante siglos hemos sufrido ha sido invisibilizada. Formaba «y lamentablemente todavía forma» parte de una sociedad patriarcal y andocéntrica que necesita de esa herramienta para seguir perviviendo.
No hace demasiados años que la Organización de las Naciones Unidas declaraba que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Por esta violencia mueren más mujeres en el mundo que en las catástrofes naturales, los accidentes de circulación o como consecuencia del cáncer. Y esas muertes lo son, en su gran mayoría, a manos de aquellos en quienes ellas habían depositado su amor, su confianza, su esperanza de futuro.
Para que este estado de cosas empiece a cambiar y podamos atisbar el principio del fin de una situación que impide que las mujeres disfrutemos de los derechos y libertades fundamentales que tantas veces en la historia han sido proclamados para los varones, tenemos que levantar el telón de la privacidad con el que la violencia contra la mujer hipócritamente se ha ocultado.
Desde mi responsabilidad profesional he tenido que oír los relatos de esos maltratos y, lo que es peor, las quejas generalizadas por la falta de amparo de un sistema judicial que ha hecho oídos sordos a la gravedad de palizas, amenazas, insultos, menosprecios, vejaciones, de abusos de todo tipo de los que son víctimas las mujeres. Todavía perviven en nuestras estructuras legales y en las mentes de quienes tienen la obligación de aplicarlas estereotipos culturales que fomentan, amparan y encubren claras situaciones de discriminación por razón de sexo, por más que la Constitución de 1978 proclame la prohibición de la misma y exija a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Y es esta situación real y legal de desigualdad entre hombres y mujeres la que genera la violencia como instrumento eficaz para mantener las condiciones de privilegio que han disfrutado «y pretenden seguir haciéndolo», consciente o inconscientemente, muchos hombres.
La forma en que se desarrolla un juicio en las salas de audiencia se parece mucho a los movimientos escénicos de una obra de teatro; por eso en nuestras leyes y para denominar a quienes demandan justicia, se habla de actores. Las vestimentas con las que nos revestimos quienes tenemos atribuida la función de juzgar y los que con nosotros colaboran, son, en alguna manera, el atrezzo necesario para que la puesta en escena sea creíble. Y así, entre togas y estrados, se expresan conflictos, se manifiestan agravios, se reconstruyen pedazos de vida y también, cómo no, se pretende escucha, comprensión y apoyo. Como las mujeres maltratadas de papel cuyo rastro busca Marta, las reales también tratan de eliminar de sus cuerpos y de sus mentes el estigma de una culpa que por mucho tiempo creyeron suya.
En la vida y en el teatro que la autora nos acerca, las mujeres empiezan a recuperar una voz silenciada, una historia secularmente ocultada; levantan velos de opresión para enseñarnos a todos las consecuencias terribles del destino que a las mujeres se nos ha atribuido relegándonos a la condición de seres humanos de segunda clase.
Por ello es tan importante hablar, escribir, representar, en suma, reflexionar sobre las causas que han generado que aún en sociedades que se llaman modernas y que pretenden haber superado la barbarie de viejos tiempos y otras tradiciones, se mantenga la infamia de seres humanos maltratados, humillados, golpeados y abusados, temerosos todavía de exigir el respeto que su dignidad humana merece, y sólo por la fatídica suerte de haber nacido con un cuerpo de mujer.
Hace escasamente dos siglos, voces de mujeres, en rincones y lugares de todo el mundo, iniciaron la mayor revolución que cualquier tiempo histórico ha conocido porque, como dijo Marcela Lagarde, «el delirio feminista significa la construcción del mundo en un espacio en que la vida ya no es genérica, ni clasista, ni racista, ni se funda en la opresión de los diferentes, ni existen poderes como dominio del otro, ni está basada en la especialización compulsiva que excluye y limita». El delirio feminista se propone una vida en que ya no exista ser mujer o ser hombre, porque las posibilidades de la experiencia humana son diversas, accesibles y compartibles por todos".
La trayectoria vital y profesional de Marta Fernández Morales, recuperando para nosotros la experiencia femenina en la literatura, se añade a esa enorme obra coral. Llamando a escena a los malos tratos, nos muestra la llaga más profunda y doliente de la condición de la mujer; estudiando el quehacer creativo de las mujeres en el teatro contemporáneo, contribuye a esa marcha hacia la igualdad entre sexos y hacia la paz.
Rosario Fernández Hevia (jueza).
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Gemma Nierga felicita a Alberto Pozas, director de INTERVIU, por publicar las fotos de los asesinos de mujeres.

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Un error humano en Madrid impidió detener al agresor gallego

(AGENCIA EFE)

Funcionarios de Instituciones Penitenciarias no detectaron la alarma que emitió el GPS de Maximino Couto cuando intentó quitárselo y acercarse a la casa de su ex mujer en Mourente (Galicia). Ella no estaba en casa, así que el agresor se cebó con los vecinos, que en su día declararon contra él. Los apuñaló. Interior ha abierto una investigación para aclarar qué sucedió en la central de Madrid, donde los funcionarios no oyeron la señal a partir de la cual han de informar urgentemente a la policía.
"A las 16.36 del día 29 de noviembre, el interno se desprendió del emisor-receptor", dice Instituciones Penitenciarias en un comunicado. "Esa incidencia generó una alarma que se recogió inmediatamente mediante una señal en la Unidad Central de Vigilancia Electrónica. A pesar de que el dispositivo electrónico funcionó correctamente, la alarma no fue detectada por los funcionarios del servicio", sigue.
Couto salió de la cárcel con la obligación de acudir a la policía cada día, y con su GPS activado, que impide que se acerque a menos de dos kilómetros de la vivienda de su ex mujer, Herminia Buceta, y de la de los vecinos.
En la cárcel de A Lama le concedieron el permiso de cuatro días, que ratificó el juez. Sólo faltaban 20 días para su libertad y tenía una relación estable desde hacía ocho años: la mujer que avaló sus salidas y lo acompañó. A ella fue a la primera que mató, a pesar de que "el protocolo que siguieron en la cárcel fue correcto". Ayer sólo había tres presos en la calle con un GPS, pero hay unos 2.000 que duermen en casa con un sistema parecido. Se controlan desde cada cárcel.
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Su seguridad está apagada o fuera de cobertura.



(Reportaje de Carmen Moran en el PAÍS.com)

Un día, la abogada de Maricarmen pidió al juez algo insólito: que liberaran a su clienta del sistema electrónico antimaltrato que la estaba volviendo loca; más que proporcionarle seguridad le daba un susto noche sí y noche también. Cuando la policía, alertada por el sistema telemático, la llamaba a casa, contestaba que tanto ella como sus dos hijas estaban a salvo. Al otro lado de las ondas electromagnéticas, en un pueblo perdido a más de 100 kilómetros de Madrid, el agresor era requerido por la Guardia Civil y trasladado al cuartelillo. Todo había sido una falsa alarma. Y así una y otra vez.

La tortura por los fallos del sistema acabó hace más de un año, aunque Maricarmen aún tiene las secuelas de un maltrato continuado, ese oleaje que un día la lleva a denunciar y al siguiente a compadecerse del que le ha roto la cara porque se ve obligado a llevar una pulsera antimaltrato que no es estética ni le deja encontrar trabajo. Un día se cura una nariz y un dedo rotos, y al siguiente promete que sus hijas verán al padre cuando quieran, que para eso es su padre.
Así han sido los últimos años de Maricarmen, inmersa en un eterno proceso de divorcio y con un policía adscrito que ha estado más de un año vigilando día y noche que el agresor no cruzara la línea de protección 500 metros alrededor de la víctima. Una burbuja imaginaria que no debe romperse. Para eso sirven las pulseras antimaltrato, un dispositivo que protege a 116 mujeres en la Comunidad de Madrid, pionera en poner en marcha este sistema. En realidad no las llevan ellas. El brazalete de caucho, que más parece un reloj con la esfera cegada, se la ponen al maltratador. En el domicilio de éste hay además un amplificador de frecuencia, un aparato fijo que le permite andar por la casa sin llevar colgada la unidad STAR. Esta última debe ir siempre con él cuando salga del lugar donde vive, no puede alejarse de ella más de ocho metros. De esa forma, sus pasos estarán controlados por un sistema GPS. Este aparato funciona con una tarjeta de telefonía móvil, la culpable de los problemas que sufrió Maricarmen. Porque esa tarjeta pierde la cobertura allí donde no la hay para los teléfonos móviles, es decir, en pueblos pequeños, sótanos, el metro, lo que se llaman zonas oscuras. Y cada vez que el agresor perdía la cobertura, el sistema avisaba al centro de control y la policía se ponía en marcha. Un día y otro.
El Gobierno va a destinar 5 millones de euros para generalizar el uso de un dispositivo de control telemático en toda España. El sistema para detectar la presencia de maltratadores funciona sólo en Madrid a pleno rendimiento, aunque otras comunidades se han interesado por él. Y se generalizará en 2009, porque salvo en esas zonas oscuras, el resultado de estas pulseras ha sido exitoso. El jefe de la Unidad de Prevención Asistencia y Protección en Madrid, Vicente Benéitez, de la Policía Nacional, se congratula de que desde 2004, en que se implantó el sistema, no han tenido que lamentar una sola muerte entre las protegidas con él. Sus argumentos coinciden con los del Ministerio de Igualdad: el dispositivo es disuasorio para los agresores, da seguridad a las víctimas y supone una prueba judicial del quebrantamiento de condena.
Sus resultados en ámbitos urbanos nadie los pone en duda. Pero ¿qué pasa en las zonas oscuras? El Gobierno dice que hay sistemas más perfeccionados que pueden salvar los problemas de cobertura y que serán los que se usen allá donde falla el GPS ordinario. Porque en el mundo rural, aunque las denuncias sean pocas y la cobertura nula, los maltratadores existen.
Los jueces también están a favor de la extensión de este sistema, aunque conocen los problemas actuales de cobertura. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género en el órgano de gobierno de los jueces, Inmaculada Montalbán, cree que es un instrumento útil para la víctima y como prueba judicial. Y confía en que se extienda a toda España. Una encuesta en junio del año pasado entre los jueces reveló que sólo 39 de los 405 juzgados que contestaron disponían de esta herramienta para localizar al maltratador. El resto, aunque quisiera, no podría dictaminar su uso.
Pero no sólo las zonas oscuras dificultan la protección de las víctimas. Existen otros fallos, propios, por lo general, de errores de falta de especialización en estos delitos, donde el maltratador no teme la acción de la justicia (se entregan o se suicidan) y la víctima no siempre pide la reparación del daño.
Desde la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, afirman que falta especialización. Cuando la Junta de Tratamiento en las cárceles -un psicólogo, un criminólogo, un educador, un trabajador social y el director- deniega un permiso al agresor, éste recurre al juez de vigilancia penitenciaria, que puede concederlo. "El juez de vigilancia penitenciaria puede ratificar la negativa, pero si el condenado recurre a la Audiencia Provincial, a veces, muchas veces, este órgano le permite salir. Es una cuestión burocrática, suelen tener en cuenta simplemente que la petición se haga en tiempo y forma y que los plazos sean correctos", afirman en esta organización. No conocen, coinciden los expertos, la naturaleza de estos delitos ni de estos delincuentes. "Hace falta especialización, rara vez estos agresores modifican su conducta", afirma Montalbán. En la persona de estos condenados coincide muchas veces la de un reputado profesional adorado por amigos y vecinos. Ellos no entienden por qué su mujer les mandó a la cárcel con una denuncia. Y cuando salen, vuelven por la culpable de sus desgracias.
Por otro lado, la ley contra la violencia de género recoge que se avise a la víctima de que su agresor saldrá de la cárcel. Eso se hizo en el caso de Galicia del sábado, pero no siempre se hace, entre otras cosas porque no se especifica quién es el que ha de hacerlo. ¿El juez, la cárcel? Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican que las medidas de modernización informáticas que están emprendiendo deberán considerar esto para que sea eficaz. "Porque no sirve que se les obligue a ir a firmar al cuartelillo; lo hacen al salir de la cárcel y antes de entrar y entre esas horas pueden hacer lo que quieran", explican en la Comisión. Y añaden que "la mayoría de las víctimas se enteran por la gente del pueblo, del barrio, de que el agresor sale de la cárcel".
El problema que se ha dado en ocasiones es que el juez no tiene el domicilio de las víctimas porque suele estar oculto, un problema añadido.
La familia del condenado es la que suele avalar la salida del prisionero. Ellas se encargarán. "Pero ha habido casos en que la hija avalaba y recibía al padre en casa, ¡en la misma casa en que vivía la madre!", afirman en la Comisión. Opinan que tanto Instituciones Penitenciarias como las audiencias provinciales deberían tener contacto con la víctima, no sólo con el agresor. Todo esto se lo harán saber por carta al Ministerio de Igualdad y al Consejo General del Poder Judicial.

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